En los últimos 10 años las prisiones de México han sido escenarios de diversos casos de motines, la mayoría en los estados del norte. Ayer conocimos uno más, ocurrido esta vez en el penal de Topo Chico, en Monterrey, con uno de los resultados más sangrientos de los que se tiene registro. Los hechos exhiben por enésima vez la zona de ingobernabilidad —por decir lo menos— en la que se encuentran las cárceles en el país, principalmente las estatales, y a las que poco o nada han volteado a ver las autoridades.

Debido a la situación imperante previa a los hechos, la violencia explosiva en Topo Chico no sorprende del todo. En 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos reprobó al penal regiomontano por no garantizar la integridad física y moral de los reclusos y porque no presentaba condiciones de gobernabilidad. En una visita realizada ese año, la CNDH encontró una población superior, en casi mil internos, al límite permitido. 

Tampoco sorprende que el gobierno estatal, encabezado por Jaime Rodríguez El Bronco, tuviera el dato de que la cárcel se encontrara en condiciones “muy arcaicas” en temas de seguridad, que tuviera conocimiento de que no había control, ni que en agosto de 2015 hubiera concluido un convenio en el cual el Ejército vigilaba el penal. Lo que sorprende es la inacción. Ahora, después de lo acontecido, se da a conocer que se está negociando la continuación del acuerdo para que militares vigilen el sitio.

La reforma que está teniendo lugar en el sistema judicial nunca estará completa si los centros penitenciarios quedan relegados de ese proceso y se mantienen como refugio de criminales, en donde la ley del más fuerte es la que prevalece, en conjunto con la violencia, el nulo respeto a derechos humanos y el hacinamiento.

Desde hace años la situación de las cárceles, en especial las de los estados, exige acciones para que se conviertan en un verdadero modelo de readaptación. Las federales, que parecían impolutas, quedaron bajo la marca de la sospecha, luego de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, en julio de 2015.

En el hecho de ayer, una vez más los centros bajo administración de estados son los que entregan malas cuentas. Aunque Nuevo León logró superar una etapa de criminalidad y renovó de manera eficiente a su policía, las cárceles han quedado esperando. En este caso específico el vacío informativo que se vivió durante varias horas, por parte del gobierno estatal, generó un elemento de tensión adicional: el de los familiares de reos, que esperaban noticias afuera del penal.

Topo Chico debe convertirse en el hito que marque un antes y un después en los penales estatales; de lo contrario, ¿cuánto tiempo pasará para que se presente el siguiente motín? Seguramente no mucho.