Un juez de Alabama rechazó el miércoles la solicitud de suspender la ejecución de Kenneth Eugene Smith, programada para el 25 de enero, permitiendo así la posibilidad de llevar a cabo la pena capital mediante el uso de nitrógeno. Este método, considerado cruel y experimental por los abogados del recluso, podría aplicarse por primera vez en Estados Unidos.
El juez R. Austin Huffaker desestimó la petición de Smith, quien argumentaba que se convertiría en un “sujeto de experimento” al ser sometido a un método de ejecución sin precedentes. Los defensores de Smith tienen previsto apelar la decisión, lo que podría llevar el caso hasta la Corte Suprema.
La técnica consiste en colocar una máscara de tipo respirador sobre la nariz y la boca del condenado, sustituyendo el aire respirable por nitrógeno, lo que eventualmente ocasionaría su fallecimiento por falta de oxígeno. Aunque Alabama, Mississippi y Oklahoma han autorizado este método, hasta el momento ninguno de estos estados lo ha implementado.
Kenneth Eugene Smith, actualmente de 58 años, fue condenado por el asesinato de la esposa de un predicador en una pequeña comunidad del norte de Alabama en 1988. Según la acusación, Smith y otro individuo recibieron mil dólares cada uno para llevar a cabo el homicidio de Elizabeth Sennett en beneficio de su esposo endeudado.
Cabe destacar que Smith ya sobrevivió a un intento previo de ejecución en 2022, cuando el Departamento Correccional de Alabama intentó aplicarle la inyección letal, pero el procedimiento fue cancelado debido a problemas técnicos.
La decisión del juez de permitir la ejecución con nitrógeno surge después de una audiencia judicial en diciembre, en la que los abogados presentaron argumentos divergentes sobre los riesgos y la humanidad de utilizar este gas letal. Mientras el despacho del procurador general de Alabama, Steve Marshall, sostuvo que la privación de oxígeno causaría inconsciencia y muerte en minutos, los abogados de Smith señalaron incertidumbres y posibles problemas que podrían contravenir la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales.