Por: Jesús SOLÍS ALPUCHE
Hay alarma nacional, de las élites privilegiadas por el neoliberalismo que, en los últimos
35 años, de sólo uno que existía, pasaron a ser 24 multimillonarios en el sexenio salinista
enlistados en la Revista Forbest, y que, de ahí, se fueron reproduciendo, hasta llegar a
unos 140 mil, multi millonarios plutócratas que administran más del 50 % del PIB nacional
y gran parte de la política.
A nadie de esta oligarquía le causó escozor cuando por DECRETO en el año 2006 se
instituyó el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación) de la Política de Desarrollo Social
creado para la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), publicada en el 2004, la cual
establece en su artículo 81 que “…de conformidad con la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las Políticas y
Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los
lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza,
garantizando La utilidad de la información estadística oficial en la medición de la pobreza
en México”.
El artículo tiene como objetivo presentar el uso de la información estadística que genera
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el proceso de medición de la
pobreza en México. Y cómo, el gobierno neoliberal empezó a meterse en la privacidad de
más de 100 millones de mexicanos empobrecidos, confesos, para conocer sus alcances.
Quizás este concepto de “meterse” es el que más alarma en el contenido de la propuesta
de Alfonso Ramírez Cuellar, presidente transicional del partido morena. Y con este
elemento, la politiquería informativa trata de vulgarizar el alcance y significado de las
Propuestas de Reformas, que incluso a nivel internacional se está debatiendo, para
efectos de la humanización de un nuevo orden dentro del plan de la nueva normalidad.
Otros puntos y modificaciones que Alfonso Ramírez Cuellar propuso son:
Considerar al “Estado de Bienestar”, como concepto y propósito, el cual debe
quedar plasmado en la Constitución, señalando los sistemas de protección
universales que se deriven del mandato constitucional.
Establecer la Progresividad Fiscal como la base sobre la cual todos los mexicanos
debemos de contribuir a los gastos del estado y al financiamiento del Estado de
Bienestar. Sin progresividad fiscal es imposible un Estado de Bienestar.
En un comunicado, Ramírez Cuellar apuntó que este Instituto debe ser facultado
constitucionalmente para medir la concentración de la riqueza en nuestro país debido a
que hay miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente
inobservada.
“Ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas.
Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir
también la desigualdad y la concentración de la riqueza”, argumenta.
Este planteamiento forma parte de un “Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional”, el
cual, según explica Alfonso, es un análisis que incluye las propuestas de especialistas en la
realidad política, social y económica del país frente a la emergencia económica y sanitaria
por la que atraviesa el país.
Según se propone, esta progresividad debe de aplicarse a la propiedad, la riqueza, el
ingreso, las emisiones de CO2 y los daños a la salud, para confirmar el Proyecto
Alternativo de Nación en materia de desarrollo sustentable.
“La experiencia histórica nos muestra con una terca contundencia que el Estado de
Bienestar sólo puede cobrar vigencia y hacerse realidad cuando pagan más los que más
tienen”. O sea que no puede haber bienestar general, con un sistema igualitario, si no hay
progresividad fiscal.
La nueva Normalidad para un nuevo orden tiene que ser buena para todos, El Estado de
Bienestar tiene que proteger los derechos económicos, sociales y culturales de más del 70
% de los mexicanos que han sido excluidos del desarrollo justo y democrático al que todos
tenemos derecho.
Sin embargo, en la mañanera de hoy, al ser cuestionado el presidente López Obrador con
respecto a la propuesta de Alfonso, respondiendo en forma muy cautelosa y matizada
como sigue: “No creo que sea correcto, se tienen que mantener en privado lo que significan
patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos. La obligación de dar a conocer los bienes
patrimoniales es exclusivamente para servidores públicos, por eso no considero bien esa
propuesta”, aseguró, sin duda con la lógica de que es presidente de todos los mexicanos y que las
reformas n la materia, son atribución del poder legislativo.
Pero destacó que el trabajo del Gobierno federal es “ayudar” para que la mayoría de los
mexicanos suba en la escala social, así como evitar que se profundice la desigualdad y
combatir la corrupción, la cual “produce desigualdad”. Por lo anterior, reiteró que no se
debe exigir que la ciudadanía esté obligada a dar a conocer sus bienes.
Lo cual de ninguna manera puede evitar que el tema se lleve a debate parlamentario,
intrapartidista y debate público, porque no es posible que el tamaño que significa el poder
de la acumulación de la riqueza, siga manteniéndose legalmente en el anonimato. chantzacan@hotmail.com
