Hasta el día de hoy una persona inocente puede ser encarcelada en México durante años sólo porque a un policía se le ocurrió sospechar que es culpable de algún delito o porque ese infortunado es útil a un ministerio público para ocultar que es incapaz de hallar a los verdaderos responsables. ¿Las pruebas? Esas vienen después. Tampoco suelen tener prisa los jueces, quienes para cubrirse las espaldas otorgan autos de formal prisión incluso si el único elemento contra el inculpado es la palabra del agente que lo detuvo. En el círculo judicial es común la frase de que “a nadie se le niega un vaso de agua ni una orden de aprehensión”.

En teoría, si la reforma constitucional aprobada hace siete años fuera aplicada, ningún caso así debería repetirse. Sin embargo, la propia legislación ofrece a los estados y a la Federación un plazo que caduca en 2016 para adaptarse al nuevo sistema. No será tan sencillo porque aún asumiendo que las cosas se hagan como deben, queda en el aire la pregunta: ¿es justo dejar en la cárcel a los procesados bajo el viejo esquema? 

Recordemos: nuestras leyes e instituciones de justicia fueron pensadas para el mundo de 1917. La debilidad del Estado en aquel tiempo quizá justificaba otorgarle la facultad de privar de su libertad a cualquier persona mientras se investigaba su inocencia. Cien años después ese principio no es aceptable ni para los que serán juzgados en el futuro, ni para las decenas de miles quienes en este momento se encuentran en una prisión en espera de la decisión de un juez.

Más de 40 por ciento de todos los recluidos en el país se encuentran en esa situación. Liberarlos es una opción que descartan los especialistas consultados por este diario. Pero los legisladores tendrían que localizar las excepciones, en especial las de aquellos con tiempos de espera más largos e inexistencia de pruebas en su contra.

No sólo es un tema de presunción de inocencia. En el DF están recluidas 28 mil personas —70 por ciento del total del sistema penitenciario local— principalmente acusadas de haber hurtado comida, ropa o artículos personales en alguna tienda o supermercado. Gente que, es obvio, no tiene dinero suficiente para pagar la fianza y enfrentar su proceso en libertad. ¿Es justo dejar a una persona en la cárcel durante dos años por —presuntamente— robar un pedazo de pan en una cadena de almacenes?

Habrá presión contra los partidos políticos y los Congresos ante este debate. Una parte de la sociedad se opondrá a cualquier posibilidad de liberación de acusados, bajo la creencia de que se está favoreciendo a delincuentes. Debido a ello es importante informar a la opinión pública sobre los méritos del cambio de sistema. Es fácil ver la imagen de un detenido y pedir su condena, hasta que nos toca ser —o conocer— al presunto culpable.