Pescadores de la costa norte de Yucatán denunciaron una presunta operación de pesca furtiva que, aseguran, se mantiene activa desde Telchac Puerto hasta el faro de Yalkubul, en Dzilam de Bravo, donde embarcaciones estarían extrayendo especies marinas protegidas pese a encontrarse en periodo de veda.
De acuerdo con los denunciantes, alrededor de 30 lanchas, con aproximadamente 10 buzos cada una, participarían de manera constante en la captura ilegal de pulpo, pepino de mar, caracoles marinos e incluso langostas juveniles, afectando gravemente los recursos pesqueros de la región.
Los pescadores señalaron que el pulpo permanece en veda y que la temporada oficial de captura iniciará el 1 de agosto; sin embargo, afirman que la extracción clandestina no se ha detenido durante todo el año. Además del pulpo y el pepino de mar, aseguran que también son capturados caracol blanco, caracol rojo (chacpel), caracol negro (tamburro) y ejemplares de langosta que aún no alcanzan la talla permitida.
Los denunciantes sostienen que quienes realizan estas actividades contarían con presunta protección de autoridades municipales, entre ellas el alcalde de la zona y el comisario del puerto de Santa Clara. Asimismo, afirmaron que las autoridades tendrían conocimiento de los sitios donde presuntamente se almacenan las especies capturadas antes de ser comercializadas.
Según los testimonios, el producto saldría de los puertos incluso atravesando retenes de seguridad, situación que, aseguran, ha generado preocupación entre los pescadores legales que dependen de la temporada autorizada para obtener ingresos.
“Cuando se abra la temporada, quienes pescamos de manera legal prácticamente no tendremos qué capturar, porque los recursos ya habrán sido extraídos de forma ilegal”, expresaron algunos de los afectados.
Ante esta situación, hicieron un llamado a la Secretaría de Marina (Semar) y a las autoridades federales competentes para reforzar la vigilancia en el litoral yucateco, investigar las denuncias y, en su caso, sancionar a quienes resulten responsables de actividades de pesca ilegal que pongan en riesgo las especies marinas y el sustento de cientos de familias dedicadas a la pesca.