La creciente presencia de presuntos pescadores furtivos en las costas de Dzilam de Bravo provocó un fuerte reclamo de hombres de mar, quienes exigieron a las autoridades marítimas acciones inmediatas para frenar la extracción ilegal de especies y reforzar la vigilancia en la zona.
Durante una reunión con representantes de la Capitanía de Puerto y autoridades municipales, los pescadores denunciaron la operación de buzos ilegales y “camacheros” provenientes de Veracruz, Tabasco y Campeche, a quienes señalaron de utilizar embarcaciones con matrículas presuntamente clonadas y practicar la pesca con gancho, un método prohibido por el daño que ocasiona a los recursos marinos.
El encuentro estuvo marcado por momentos de tensión, luego de que el alcalde Gerónimo Medina Trejo ordenara retirar de la reunión a un reportero del medio TeleSur, impidiendo que continuara con la cobertura del conflicto. También participaron el director de la Policía Municipal, Jorge Cosme Baltazar, conocido como “Grampín”, y representantes de las autoridades marítimas.
En el diálogo, varios pescadores cuestionaron al propio presidente municipal, a quien señalaron de permitir que empresas vinculadas a él empleen trabajadores foráneos para realizar este tipo de actividades, situación que, aseguraron, contribuye al deterioro del ecosistema marino y afecta la economía de quienes cumplen con la normatividad.
Los inconformes también dirigieron sus reclamos a la titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán, Lila Frías Castillo, al considerar que no se han cumplido los compromisos para reforzar la vigilancia en altamar y combatir la pesca ilegal.
Al concluir la reunión sin acuerdos concretos, los pescadores advirtieron que podrían endurecer sus manifestaciones si las autoridades no atienden sus demandas. Entre las acciones planteadas mencionaron el bloqueo del acceso al puerto, la expulsión de pescadores foráneos que operen fuera de la ley e incluso actos contra las embarcaciones utilizadas en estas actividades.
Los hombres de mar subrayaron que su inconformidad no está dirigida contra pescadores de otros estados, sino contra quienes incumplen la legislación pesquera y utilizan artes prohibidas, pues consideran que estas prácticas ponen en riesgo la sustentabilidad de la actividad y la conservación de los ecosistemas marinos de la costa yucateca.