Yucatán recibirá una inversión superior a los 100 millones de pesos para impulsar obras y acciones que mejoren el acceso al agua potable, el saneamiento y la desinfección del agua en diversos municipios de la entidad, como parte de los acuerdos alcanzados durante la Quinta Sesión Ordinaria 2026 de la Comisión de Regulación y Seguimiento de los Programas Federalizados (CORESE).
La inversión forma parte del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), una estrategia que reúne esfuerzos del Gobierno de México, el Gobierno de Yucatán y los ayuntamientos para fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar mejores servicios a la población.
Los recursos serán destinados a proyectos que beneficiarán directamente a miles de familias yucatecas, fortaleciendo el acceso a servicios básicos y contribuyendo a la protección de la salud pública. Las acciones se desarrollarán en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) y los municipios de Chichimilá, Mérida, Suma, Tizimín, Tzucacab y Valladolid.
Durante la sesión, el director general del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de Conagua, Roberto López González, presentó el Convenio Marco de Coordinación suscrito entre el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Conagua, con el Gobierno del Estado de Yucatán.
Este acuerdo permitirá canalizar recursos federales mediante subsidios para fortalecer programas relacionados con Cultura del Agua, Infraestructura Hidroagrícola, Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, consolidando proyectos que favorecen el desarrollo social y comunitario de la entidad.
Asimismo, mediante la colaboración entre la JAPAY y la Secretaría de Salud de Yucatán se implementarán acciones complementarias en distintos municipios, con el objetivo de reforzar el saneamiento, mejorar la calidad del agua y elevar las condiciones de bienestar de la población.
Con estas inversiones, las autoridades buscan avanzar en la construcción de una infraestructura más eficiente y sostenible, que permita atender las necesidades actuales y futuras de las comunidades yucatecas, garantizando el acceso a servicios esenciales y mejorando la calidad de vida de miles de familias en todo el estado.