Al celebrarse la primera sesión del Comité Estatal de Productividad, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Enrique Castillo Ruz, presentó la información generada en la última junta de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra).
La reunión del órgano local tuvo lugar en la sala de capacitación del Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM), donde Castillo Ruz hizo unos apuntes sobre el Programa Nacional de Formalización del Empleo en su II etapa ante representantes del sector empresarial y sociedad civil, así como funcionarios estatales y federales.
Señaló que en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la STPS impulsará acciones para adoptar una cultura digna en la materia, promover el respeto a los derechos humanos, laborales y de seguridad social, y fomentar la recuperación del poder adquisitivo del salario, vinculado al aumento de la productividad. También, para contribuir a la erradicación del trabajo infantil y para tutelar los derechos individuales y colectivos en el ámbito.
Expuso que como compromisos fundamentales está el de vigilar que los centros obreros cumplan con las disposiciones legales y de seguridad social, promover la inscripción al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fomentar el aseguramiento voluntario y apoyar a los Gobiernos de los estados para alcanzar la meta de 200 mil plazas formales.
Asimismo, detalló que como resultados de este Programa 300 mil altas, que no corresponden al crecimiento económico y no son nuevos puestos de trabajo, son plazas formalizadas. Además, en el periodo de ejecución del esquema la tasa de informalidad laboral se redujo de 60 por ciento a 59 por ciento, entre el tercer trimestre de 2012 y el tercer trimestre de 2013. Entre enero de 2013 y enero de 2015 el mismo índice disminuyó prácticamente tres puntos porcentuales, al pasar de 60.3 por ciento a 57.5 por ciento.
Castillo Ruz puntualizó que se tiene como objetivos fortalecer los acuerdos entre los tres niveles de Gobierno, para que institucionalicen los esfuerzos en materia de formalización del empleo e impulsen dichos procesos.
De igual manera se busca mejorar el entorno institucional, legal y administrativo para hacer frente a la informalidad en la materia, y promover y difundir el derecho de los obreros a acceder a la seguridad social.
Con base en el acuerdo CNST020116, dijo, se debe estimular la formalización del empleo en los centros que cuenten con más de 50 personas, así como entre las trabajadoras domésticas de manera gradual y progresiva, con el compromiso de cumplir una meta mínima.
Al hablar de la Coordinación STPS-SEP en materia de capacitación, el director del Instituto de Educación para Adultos del Estado (Ieaey), Juan Carlos Cervera Pavía, mencionó que de acuerdo con la información más reciente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en México dos millones 140 mil 913 trabajadores formales no han concluido la primaria o la secundaria.
Añadió que mejorar el nivel de escolaridad de los asalariados es un requisito fundamental para incrementar la productividad laboral y generar nuevas vacantes, por ello la Ley Federal del Trabajo prevé que podrá formar parte de la instrucción obligatoria el apoyo que el patrón preste a la planilla para iniciar, continuar o completar ciclos escolares.
Cervera Pavía dijo que con base en el acuerdo CNST040116, se apoyará al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en el transcurso de la certificación que permita a los obreros terminar la primaria y secundaria, así como en la solicitud de la información necesaria para conocer si ésta puede ser considerada como instrucción laboral.
Por su parte, el procurador de la Defensa del Trabajo, Mario Buenfil Martín, expuso que en diciembre de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció una revisión a fondo de la justicia laboral, a fin de que se imparta conforme a los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, equidad, celeridad y eficiencia.
Explicó que actualmente se llevan a cabo mesas de diálogo con las autoridades del ámbito, instituciones académicas y demás entidades involucradas, en las que se da seguimiento a las problemáticas que se enfrentan en el tema.
“A diciembre de 2015 tan sólo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje contaba con 427 mil 604 asuntos individuales en trámite, mientras que a nivel local, de acuerdo con el Inegi, en 2014 se registraban más de 226 mil conflictos individuales y colectivos de trabajo.
“El 41 por ciento de los asuntos atendidos por la Junta se encontraban en la primera de sus cinco etapas procesales, de instrucción, etapa que implica mayor número de personal para su desahogo”, agregó Buenfil Martín.
En el evento también se habló del estado actual del proceso de desindexación del salario mínimo, cuyo valor diario es equivalente al valor del salario mínimo general vigente, es decir de 73.04 pesos. El valor mensual es de dos mil 220.42 pesos y el anual es de 26 mil 645.04 pesos mexicanos en 2016.
Por último, se expusieron nuevas formas de contratación laboral, a cargo del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, Armando Aldana Castillo. La clausura del evento estuvo a cargo del delegado federal del Trabajo, Ricardo Béjar Herrera.