Familiares y amigos de Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), realizarán una vigilia pública la noche del jueves para exigir justicia y honrar su memoria, en un caso que ha reavivado el debate sobre las acciones de las autoridades migratorias en Estados Unidos.
El hombre, de 52 años, falleció el pasado martes cuando se dirigía a su trabajo, durante un encuentro con agentes federales de inmigración. Su muerte ocurre en medio de un renovado escrutinio a la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, cuyo segundo mandato ha estado marcado por un endurecimiento de los operativos del ICE.
De acuerdo con reportes oficiales, desde el inicio de esta nueva administración se han registrado al menos diez fallecimientos relacionados con intervenciones de la agencia, incluidos dos ocurridos en los días posteriores al caso de Salgado Araujo.
A través de un mensaje público, Ronaldo Salgado, hijo de la víctima, agradeció las numerosas muestras de solidaridad recibidas por la familia.
“Mi familia quisiera expresar nuestro más sincero agradecimiento por el increíble apoyo que hemos recibido”, escribió.
Según sus familiares, Lorenzo Salgado Araujo había vivido durante 35 años en Estados Unidos y no contaba con antecedentes penales.
Sin embargo, la versión de lo ocurrido continúa siendo motivo de controversia. Los tres hombres que viajaban con él al momento del incidente rechazaron la explicación presentada por las autoridades federales y sostienen que los hechos ocurrieron de manera distinta.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que la camioneta conducida por Salgado Araujo impactó un vehículo del ICE y que el agente involucrado abrió fuego al considerar que actuaba en defensa propia.
Ante la polémica, el gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que la investigación quedará a cargo del Departamento de Seguridad Pública de Texas, con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el tiroteo.
Mientras avanzan las indagatorias, organizaciones civiles y defensores de los derechos de los migrantes han exigido una investigación transparente e independiente, al considerar que el caso representa un nuevo foco de preocupación sobre el uso de la fuerza durante operativos migratorios en Estados Unidos.