Las campañas de la elección del Poder Judicial arrancaron con un escándalo, ya que hay sospechas fundadas de que se utilizarán recursos provenientes de la delincuencia organizada.
Además, la presente elección es nada más para legitimar un proceso amañado donde Morena decidirá quiénes son las personas que ocuparán esos cargos sin importar la preparación, nada más como pago político.
Por lo tanto se corre el grave riesgo de que lleguen al Poder Judicial sólo para cumplir los intereses de quienes lo impusieron, y el pueblo seguirá como siempre a merced de magistrados corruptos y ligados al crimen organizado, que le estarían inyectando dinero a la campaña de candidatos a magistrados.
Como claro ejemplo tenemos estos casos que ya es de conocimiento público, que ha sido publicado puntualmente por Sol Yucatán.
HISTORIAL
La abogada Pamela Quijano, directora de la Defensoría Pública, una de las ahijadas y protegidas políticas del gobernador Joaquín Díaz Mena, y si no ocurre nada extraordinario será una de las ganadoras en la elección del próximo 1 de junio.
El esposo de la candidata, Ángel Díaz del Castillo, está vinculado con el grupo delincuencial denominado la “Barredora”, que opera en Tabasco y que es una de las agrupaciones generadoras de violencia en aquel estado.
Se le conoce como el “abogado del diablo”, debido a que es el encargado de defender a los miembros de la agrupación que son detenidos por sus actividades delincuenciales. Utiliza las influencias que tiene dentro de la 4T para liberar a los miembros de esta agrupación.
El 20 de abril de 2025 fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado en la Unidad de delitos comunes junto con V.H.H.M, por agredir a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Lo anterior sucedió después de lograr la libertad de V.H.H.M., a quien se le vincula con un grupo tabasqueño denominado “La Barredora”, que se dedica al narcotráfico quien fue puesto a disposición por la posesión de narcóticos en la Unidad del ministerio público en el distrito de Motul, y posteriormente ante el Juez de Control en turno, en donde el antes referido fue su defensor particular.
Otro caso muy sonado, que también publicó Sol Yucatán, es el del exdelegado del INM en Yucatán, Hernán Vega Burgos, quien busca una magistratura pese a tener vínculos con una red de explotación sexual en el 2009.
Ha presentado su candidatura para ocupar la decimocuarta Magistratura del Tribunal Superior de Justicia lo que refleja que en dicho proceso se ha incluido a candidatos con presuntos vínculos con el crimen organizado, violencia de género y otros delitos graves.
La postulación de Vega Burgos ha generado controversia debido a un historial marcado por acusaciones de corrupción, trata de personas y abuso sexual, que lo señalan como un candidato cuestionable para un cargo de tal relevancia.
El escándalo más reciente:
¿Quién manda en los tribunales?
Un posible revés judicial federal en Yucatán prende las alarmas sobre la independencia del Poder Judicial.
Una resolución que protegía a un ciudadano fue retirada de último momento de la sesión pública de un tribunal federal. El caso, plagado de irregularidades, apunta a una preocupante politización de la justicia en pleno proceso de reelección de jueces.
Jorge Eduardo Navarrete Pérez fue acusado por Raúl Navarrete Narváez y Jannette Navarrete Coronado de falsificar un poder y un pagaré para pagar las deudas del primero. Pero en juicio oral se demostró que los documentos eran auténticos. Las pruebas —videos, audios y declaraciones legales— fueron contundentes. El juez lo absolvió.
Sin embargo, el 11 de abril, cuando se esperaba que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del XIV Circuito confirmara su protección mediante un amparo, el proyecto fue retirado de la sesión pública sin explicación, sin sustento legal y de forma abrupta. Fuentes internas afirman que el cambio obedeció a razones políticas, no jurídicas.
Se señala que el magistrado José Teodoro Arcovedo Montero operó el retiro del proyecto para beneficiar a Juan Ramón Rodríguez Minaya, quien busca ser reelegido como magistrado por otros nueve años.
A su lado, Juan Carlos Moreno López habría sido presionado para respaldar el nuevo criterio. Todo, a costa de un ciudadano que ya había sido absuelto.
Lo paradójico es que Raúl Navarrete Narváez —quien originalmente acusó a Jorge— hoy enfrenta un juicio penal por haber mentido en ese mismo proceso. Podría recibir hasta ocho años de prisión.
Y mientras tanto, ¿Por qué Jorge Navarrete Pérez sigue desprotegido? Fuentes confirman que ya existía un proyecto de resolución a su favor.
¿Por qué fue retirado?
La incongruencia es evidente. En un spot de campaña publicado en sus redes sociales, el propio Juan Ramón Rodríguez Minaya —candidato a la reelección— declaró:
“La justicia no es un juego. La persona juzgadora que elijas debe de dar una garantía de imparcialidad, esto es, que tus asuntos se van a resolver de manera equitativa, objetiva, apegada a las normas y a las pruebas.”
Sin embargo, sus acciones parecen contradecir su mensaje: al proteger su permanencia en el cargo, estaría sacrificando precisamente esos principios que presume defender.
Diversos sectores ya han manifestado su preocupación ante posibles interferencias indebidas entre poderes del Estado, especialmente en este entorno electoral y de renovación en el sistema judicial.
Este caso no debe pasar desapercibido. Debe ser vigilado e investigado a fondo por el Consejo de la Judicatura Federal, especialmente porque, como se ha documentado anteriormente, el magistrado Arcovedo cuenta con un largo historial de corrupción y nepotismo.
Cuando la justicia se tuerce por intereses personales o políticos, ningún ciudadano está realmente a salvo.
Entonces viene la pregunta obligada ¿Quién manda o mandará en los tribunales, los grupos de poder o los magistrados?