Lejos de tratarse de movilizaciones espontáneas o luchas sociales desinteresadas, las constantes manifestaciones encabezadas por María Eugenia Núñez Zapata al inicio de cada administración estatal y municipal en Yucatán parecen responder a una lógica muy distinta: la renovación de contratos y la continuidad de un negocio personal financiado con recursos públicos.
Durante años, Núñez Zapata —exdirectora de la desaparecida Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY)— ha utilizado el activismo feminista y la organización AMISY como herramientas de presión política, activándose estratégicamente cada vez que cambia el gobierno o se renegocian convenios de comunicación y “servicios” con el poder público.
FACTURAS, NO DISCURSOS: EL RASTRO DEL DINERO
Documentos fiscales oficiales confirman que María Eugenia del Pilar Núñez Zapata facturó 60 mil pesos mensuales al Gobierno del Estado de Yucatán durante la administración de Mauricio Vila Dosal, bajo el concepto de “servicios de publicidad digital”, utilizando un portal de escasa audiencia denominado “Visión Peninsular”
La factura, emitida en mayo de 2022, detalla:
- Monto mensual: $60,000 pesos
- Concepto: Inserción de banners para difusión de acciones del Gobierno del Estado
- Dependencia receptora: Secretaría de Administración y Finanzas
- Portal: visionpeninsular.com
Este esquema se repitió durante los seis años del gobierno de Vila Dosal, lo que representa ingresos millonarios, mientras periodistas y medios reales en Yucatán sobrevivían con pagos mínimos o eran excluidos del presupuesto oficial.
A ello se suman pagos por:
- $26,500 pesos mensuales en el Ayuntamiento de Mérida durante la administración de Renán Barrera
- $13,500 pesos adicionales bajo esquemas similares
Todo esto sin que “Visión Peninsular” tenga impacto real, presencia comprobable o relevancia periodística, lo que refuerza la sospecha de que no se paga por informar, sino por callar o presionar selectivamente.
MANIFESTARSE PARA COBRAR
El patrón se repite con precisión quirúrgica:
- Inicio de administración
- AMISY aparece en protestas y comunicados
- Se acusa violencia institucional o de género
- Se genera presión mediática
- Se renuevan contratos
- Las protestas desaparecen
Cuando los recursos fluyen, el activismo se silencia.
Este modus operandi también se observó durante la administración de Huacho Díaz Mena, cuando Núñez Zapata encabezó manifestaciones frente a Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado, buscando mantener los flujos de dinero público que históricamente ha obtenido.
AMISY: CAUSA LEGÍTIMA, USO ILEGÍTIMO
Aunque AMISY realiza acciones valiosas en favor de las mujeres y Yucatán, la organización ha sido instrumentalizada por Núñez Zapata como escudo político y mecanismo de chantaje.
Cualquier intento de frenar sus contratos o auditar sus ingresos es inmediatamente etiquetado como violencia de género, creando un entorno de impunidad y coerción institucional.
No se trata de atacar el feminismo, sino de denunciar su uso como negocio personal.
CONCLUSIÓN: ACTIVISMO A MODO, CONTRATOS GARANTIZADOS
Las pruebas fiscales son claras:
las manifestaciones de María Eugenia Núñez Zapata no buscan justicia social, buscan facturar.
En Yucatán, el activismo no puede convertirse en un negocio financiado por el erario, ni las causas sociales en moneda de cambio para contratos inflados.
FUENTE: GOBERNANZAYUCATAN@GMAIL.COM