La bancada del PRI se opuso a parte del paquete fiscal, como en lo particular de lo correspondiente al presupuesto de egresos, las de ingresos y en general a la Ley General de Hacienda, al considerarlo “inequitativo”, no es clara, contiene nuevos pagos que afectarán a la economía familiar, crean nuevas cargas que afectará la creación de empleos, además de contener errores y contradicciones entre otras cosas, afirmó Gaspar Quintal Parra, coordinador de la bancada del PRI.
El diputado precisó que el sentido de los votos de la bancada del PRI fue por congruencia, y su participación en el debate “de manera seria, con total profesionalismo, apegados a derecho, libre de cualquier interés ajeno al pueblo de Yucatán, sin posturas dogmáticas y tampoco defensas a ultranza”.
El legislador insistió en que no hay claridad, por ejemplo, consideran obtener ingresos significativos por la venta de bienes inmuebles propiedad del estado, pero no dicen cuales son.
En alusión a los nuevos impuestos, Quintal Parra dijo que están de acuerdo con la necesidad de generar acciones que contrarresten los efectos de la contaminación en el Estado, pero la generación de una carga impositiva debe servir para generar recursos destinados y etiquetados de manera clara, directa y participativa con la ciudadanía, en acciones de mitigación y prevención de la contaminación y motivar a los emisores de contaminantes a aumentar la eficiencia de sus procesos para reducir sus descargas y a su vez minimizar sus cargas impositivas generadas por estos impuestos.
El legislador comentó que la creación de estos impuestos es una copia de la ley emitida hace más de cinco años en Zacatecas, el primer estado productor de plata en el mundo, que ocupa el primer lugar nacional en producción de plomo y zinc, el segundo en cobre y tercero nacional en producción de oro, su actividad industrial sobresale en la producción de autopartes y la industria aeroespacial.
Pero precisó que Yucatán, es un estado con vocación industrial y productiva distinta de Zacatecas, por eso consideran incorrecto aplicar criterios y normas que pueden ser correctas en estados con actividad económica distinta a la de esta entidad.
El legislador indicó que “es erróneo considerar que el simple hecho de copiar una ley que funciona en otro estado con certeza funcionará aquí”.
Quintal Parra añadió que además no es clara la iniciativa y no establece un mecanismo transparente y participativo, que garantice el destino de los recursos recaudados, solo dicen que se usará en acciones generales, se requiere un plan de mediano y largo plazo que no esté sujeto a las voluntades o caprichos de una administración y se cuente con recursos que garanticen su permanencia.
También se opusieron porque “se crean nuevas cargas que afectan la generación de empleos, incluye el cobro de derechos por servicios que presta la Secretaria de Seguridad Pública a escuelas de manejo, a laboratorios clínicos encargados de la aplicación de exámenes toxicológicos para aspirantes a instructores o instructores autorizados de escuelas de manejo y un nuevo derecho para empresas de seguridad privada.
Quintal Parra señaló que hay nuevos pagos que afectarán la economía familiar, al incorporar derechos por rubros relacionados con los servicios que presta la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, los servicios que presta la Dirección del Archivo Notarial del Estado, a los Servicios de la Dirección del Catastro, la Secretaria de Educación, por acceso a la información, los servicios del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial.
Se pretende cobrar derechos al transporte público para el registro de unidades, esto agrega costos a los prestadores de este servicio y complica el mantenimiento de las actuales tarifas.
Sin aumentos
Sobre el presupuesto, en su opinión es inequitativo entre los poderes y entes autónomos. A la gran mayoría de ellos se les asignan presupuestos idénticos al del ejercicio anterior sin incluir recursos para su aumento salarial.
“Es incongruente que el presupuesto total del ejecutivo presente un incremento de 4,900 millones de pesos, un aumento cercano al 12%, y que entidades autónomas como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado se les asigne presupuestos idénticos a los que se les otorgaron en este año.
Citó que, el artículo 64 de la Constitución del Estado establece que, “El presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado no podrá ser inferior al dos por ciento del total del gasto programable, el cual no será disminuido respecto al del año anterior y se fijará anualmente, en la forma y términos que establezca la ley”, esta norma no hace referencia o distinción a algún “tipo” de recurso y sí hace referencia al total del gasto programable, por tanto no se cumple.
Agregó que, existen errores y contradicciones en los anexos del presupuesto, por ejemplo manifiestan como referencia cifras de gasto programable “distintas”, reportan deuda a largo plazo por 74 mil millones de pesos, cifra que informaron por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas que se trata de un error de “forma”, lo que es la confirmación de los errores que presenta este documento.
El legislador resalto que no se consideró que, ante la situación financiera generada por la pandemia, las familias yucatecas luchan por superar las condiciones económicas adversas a las que se enfrentan día con día, la economía de los Yucatecos no está en condiciones para incurrir en el gasto que representa cubrir los derechos de reemplacamiento, entre otras muchas razones por las que no están de acuerdo y por eso votaron en contra de estas disposiciones.
PRI Paquete fiscal
Gaspar Quintal Parra, coordinador de la bancada del PRI, dijo que consideran “inequitativo” el paquete fiscal
Errores
Quintal Parra indicó que existen errores y contradicciones en los anexos del presupuesto.
Reemplacamiento
Sobre el reemplacamiento, l legislador indicó que no se consideró que, ante la situación financiera generada por la pandemia, las familias yucatecas luchan por superar las condiciones económicas adversas a las que se enfrentan día con día, la economía de los Yucatecos no está en condiciones para incurrir en el gasto que representa cubrir los derechos de reemplacamiento”.
