El llamado Operativo Enjambre volvió a sacudir a las estructuras de poder municipal. En Puebla, autoridades federales ejecutaron de manera simultánea 23 órdenes de cateo en el municipio de Esperanza, donde fueron detenidas nueve personas presuntamente vinculadas con una organización criminal dedicada al robo de transporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto.
Entre los detenidos se encuentra Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza, así como Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública Municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.
De acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la estructura investigada tendría operaciones relacionadas con hechos delictivos registrados en la carretera Puebla–Veracruz, una de las principales rutas para el transporte de mercancías.
El despliegue dejó además un importante aseguramiento de armamento y equipo presuntamente utilizado por la organización. Las autoridades reportaron 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett, además de 52 cargadores.
También fueron asegurados 11 vehículos, cuatro de ellos blindados y uno con blindaje artesanal y torreta, además de ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.
MÁS ALCALDES BAJO LA LUPA
El operativo se suma a la reciente detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, quien es señalado por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
Las acciones han colocado nuevamente bajo el reflector la posible utilización de estructuras municipales como mecanismos de protección o apoyo para organizaciones dedicadas a actividades criminales.
García Harfuch sostuvo que estas detenciones representan un golpe a la capacidad operativa y a las posibles redes de protección de estas organizaciones, además de que podrían contribuir a disminuir delitos como el robo en carreteras, el robo al autotransporte de carga y pasajeros y la extorsión.
El caso de Esperanza, sin embargo, abre una pregunta de mayor calado: ¿hasta dónde llegaban las presuntas redes de protección alrededor de la estructura criminal y qué otros funcionarios podrían estar involucrados?
Las investigaciones deberán determinar ahora el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos y si existió una verdadera red de complicidades desde las propias estructuras municipales.
Por tratarse de personas señaladas por su probable responsabilidad, será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica y su eventual responsabilidad penal.