Por: Eduardo GARCÍA GARCÍA
En un gravísimo atentado al derecho de la Libertad de Expresión consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo mandamiento legal en nuestro país, la Fiscalía General del Estado de Yucatán y la ex funcionaria pública Leticia Noemí del Socorro García Maldonado intentan callar a los periodistas independientes Feliz Bigman y Maru Luján.
Dichos comunicadores han exhibido, de manera acertada y absolutamente documentada, actos de abuso de poder y robo sistematizado a las arcas públicas.
Ha llegado a tal grado el acoso judicial perpetrado por la Fiscalía que incluso, apenas hace unos dos años, un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad del estado, se apostó a las puertas del lugar donde trabaja Lujan, indicando a los colaboradores del lugar que tenían órdenes “de llevarse detenida a la periodista Luján”.
A lo anterior hace eco de preocupación por parte de Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, frente a la creciente criminalización la labor periodística, ya que genera mayor riesgo de sufrir una agresión como represalia a investigar temas de interés público, y también inhibe la difusión de dichos contenidos.
Las consecuencias de seguir procesos judiciales o ministeriales como represalia de la labor periodística implican cargas desproporcionadas a las y los periodistas, principalmente cuando las contrapartes son personas funcionarias públicas o personas con proyección hace eco de preocupación por parte de Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, frente a la creciente criminalización la labor periodística, ya que genera mayor riesgo de sufrir una agresión como represalia a investigar temas de interés público, y también inhibe la difusión de dichos contenidos.
Las consecuencias de seguir procesos judiciales o ministeriales como represalia de la labor periodística implican cargas desproporcionadas a las y los periodistas, principalmente cuando las contrapartes son personas funcionarias públicas o personas con proyección pública.
Por cierto, dicho sea de paso, la fiscal corrupta en este caso es Guadalupe Mendoza Canché, mientras que el asunto ha quedado en manos de la no menos corrupta jueza Blanca Beatriz Bonilla González.